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CODIGO DE BUSTAMANTE
Cortesía de:
http://marval.tripod.com.ve

CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

TITULO PRELIMINAR

REGLAS GENERALES

Art. 1. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados contratantes gozan, en el territorio de los demás, de los mismos derechos civiles que se concedan a los nacionales.

Cada Estado contratante puede, por razones de orden público, rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de las demás y cualquiera de esos Estados, puede, en tales casos, rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los nacionales del primero.

Art. 2. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de garantías individuales idénticas a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno establezcan la Constitución y las leyes.

Las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo disposición especial de la legislación interior, al desempeño de funciones públicas, al derecho de sufragio y a otros derechos políticos.

Art. 3. Para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada Estado contratante se estiman divididas en las tres clases siguientes:

I. Las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas personales o de orden público interno.

II. Las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden público internacional.

III. Las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación o la presunción de la voluntad de las partes o de alguna de ellas, denominadas voluntarias o de orden privado.

Art. 4. Los preceptos constitucionales son de orden público internacional.

Art. 5. Todas las reglas de protección individual y colectiva, establecidas por el Derecho político y el administrativo, son también de orden público internacional, salvo el caso de que expresamente se disponga en ellas lo contrario.

Art. 6. En todos los casos no previstos por este Código cada uno de los Estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o relaciones jurídicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes mencionados en el artículo 3º.

Art. 7. Cada Estado contratante aplicará como leyes personales las del domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislación interior.

Art. 8. Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este Código tienen plena eficacia extraterritorial en los Estados contratantes, salvo que se opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público internacional.

LIBRO PRIMERO

DERECHO CIVIL INTERNACIONAL

Título Primero

DE LAS PERSONAS

Capítulo I
NACIONALIDAD Y NATURALIZACION

Art. 9. Cada Estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica y de su adquisición, pérdida o reintegración posteriores, que se hayan realizado dentro o fuera de su territorio, cuando una de las nacionalidades sujetas a controversia sea la de dicho Estado. En los demás casos, regirán las disposiciones que establecen los artículos restantes de este capítulo.

Art. 10. A las cuestiones sobre nacionalidad de origen en que no esté interesado el Estado en que se debaten, se aplicará la ley de aquella de las nacionalidades discutida en que tenga su domicilio la persona de que se trate.

Art. 11. A falta de ese domicilio se aplicarán al caso previsto en el artículo anterior los principios aceptados por la ley del juzgador.

Art. 12. Las cuestiones sobre adquisición individual de una nueva nacionalidad, se resolverán de acuerdo con la ley de la nacionalidad que se suponga adquirida.

Art. 13. A las naturalizaciones colectivas en el caso de independencia de un Estado se aplicará la ley del Estado nuevo, si ha sido reconocido por el Estado juzgador, y en su defecto la del antiguo, todo sin perjuicio de las estipulaciones contractuales entre los dos Estados
interesados, que serán siempre preferentes.

Art. 14. A la pérdida de la nacionalidad debe aplicarse la ley de la nacionalidad perdida.

Art. 15. La recuperación de la nacionalidad se somete a la ley de la nacionalidad que se recobra.

Art. 16. La nacionalidad de origen de las Corporaciones y de las Fundaciones se determinará por la ley del Estado que las autorice o apruebe.

Art. 17. La nacionalidad de origen de las asociaciones será la del país en que se constituyan, y en él deben registrarse o inscribirse si exigiere ese requisito la legislación local.

Art. 18. Las sociedades civiles mercantiles o industriales que no sean anónimas, tendrán la nacionalidad que establezca el contrato social y, en su caso, la del lugar donde radicare habitualmente su gerencia o dirección principal.

Art. 19. Para las sociedades anónimas se determinará la nacionalidad por el contrato social y en su caso por la ley del lugar en que se reúna normalmente la junta general de accionistas y, en su defecto, por la del lugar en que radique su principal Junta o Consejo directivo o administrativo.

Art. 20. El cambio de nacionalidad de las corporaciones, fundaciones, asociaciones y sociedades, salvo los casos de variación en la soberanía territorial, habrá de sujetarse a las condiciones exigidas por su ley antigua y por la nueva.

Si cambiare la soberanía territorial, en el caso de independencia, se aplicará la regla establecida en el artículo trece para las naturalizaciones colectivas.

Art. 21. Las disposiciones del artículo 9 en cuanto se refieran a personas jurídicas y las de los artículos 16 y 20, no serán aplicadas en los Estados contratantes que no atribuyan nacionalidad a dichas personas jurídicas.

Capítulo II
DOMICILIO

Art. 22. El concepto, adquisición, pérdida y recuperación del domicilio general y especial de las personas naturales o jurídicas se regirán por la ley territorial.

Art. 23. El domicilio de los funcionarios diplomáticos y el de los individuos que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de su Gobierno o para estudios científicos o artísticos, será el último que hayan tenido en su territorio nacional.

Art. 24. El domicilio legal del jefe de la familia se extiende a la mujer y los hijos no emancipados, y el del tutor o curador a los menores o incapacitados bajo su guardia, si no dispone lo contrario la legislación personal de aquellos a quienes se atribuye el domicilio de otro.

Art. 25. Las cuestiones sobre cambio de domicilio de las personas naturales o jurídicas se resolverán de acuerdo con la ley del Tribunal, si fuere el de uno de los Estados interesados, y en su defecto por la del lugar en que se pretenda haber adquirido el último domicilio.

Art. 26. Para las personas que no tengan domicilio se entenderá como tal el de su residencia o
en donde se encuentren.

Capítulo III
NACIMIENTO, EXTINCION Y CONSECUENCIAS DE LA PERSONALIDAD CIVIL

Sección I
De las Personas Individuales

Art. 27. La capacidad de las personas individuales se rige por su ley personal, salvo las
restricciones establecidas para su ejercicio por este Código o por el derecho local.

Art. 28. Se aplicará la ley personal para decidir si el nacimiento determina la personalidad y si
al concebido se le tiene por nacido para todo lo que le sea favorable, así como para la
viabilidad y los efectos de la prioridad del nacimiento en el caso de partos dobles o múltiples.

Art. 29. Las presunciones de supervivencia o de muerte simultánea en defecto de prueba, se
regulan por la ley personal de cada uno de los fallecidos en cuanto a su respectiva sucesión.

Art. 30. Cada Estado aplica su propia legislación para declarar extinguida la personalidad civil
por la muerte natural de las personas individuales y la desaparición o disolución oficial de las
personas jurídicas, así como para decidir si la menor edad, la demencia o imbecilidad, la
sordomudez, la prodigalidad y la interdicción civil son únicamente restricciones de la
personalidad, que permiten derechos y aun ciertas obligaciones.

Sección II
De las Personas Jurídicas

Art. 31. Cada Estado contratante, en su carácter de persona jurídica, tiene capacidad para
adquirir y ejercitar derechos civiles y contraer obligaciones de igual clase en el territorio de los
demás, sin otras restricciones que las establecidas expresamente por el derecho local.

Art. 32. El concepto y reconocimiento de las personas jurídicas se regirán por la ley territorial.

Art. 33. Salvo las restricciones establecidas en los dos artículos anteriores, la capacidad civil
de las corporaciones se rige por la ley que las hubiere creado o reconocido; la de las
fundaciones por las reglas de su institución, aprobadas por la autoridad correspondiente, si lo
exigiere su derecho nacional, y la de las asociaciones por sus estatutos, en iguales
condiciones.

Art. 34. Con iguales restricciones, la capacidad civil de las sociedades civiles, mercantiles o
industriales se rige por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.

Art. 35. La ley local se aplica para atribuir los bienes de las personas jurídicas que dejan de
existir, si el caso no está previsto de otro modo en sus estatutos, cláusulas fundacionales, o en
el derecho vigente respecto de las sociedades.

Capítulo IV
DEL MATRIMONIO Y EL DIVORCIO

Sección I
CONDICIONES JURÍDICAS QUE HAN DE PRECEDER LA LA CELEBRACIÓN DEL
MATRIMONIO

Art. 36. Los contrayentes estarán sujetos a su ley personal en todo lo que se refiera a la
capacidad para celebrar el matrimonio, al consentimiento o consejo paternos, a los
impedimentos y a su dispensa.

Art. 37. Los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han llenado las condiciones
exigidas por sus leyes personales en cuanto a lo dispuesto en el artículo precedente. Podrán
justificarlo mediante certificación de sus funcionarios diplomáticos o agentes consulares o por
otros medios que estime suficientes la autoridad local, que tendrá en todo caso completa
libertad de apreciación.

Art. 38. La legislación local es aplicable a los extranjeros en cuanto a los impedimentos que
por su parte establezca y que no sean dispensables, a la forma del consentimiento, a la fuerza
obligatoria o no de los esponsales, a la oposición al matrimonio, a la obligación de denunciar
los impedimentos y las consecuencias civiles de la denuncia falsa, a la forma de las diligencias
preliminares y a la autoridad competente para celebrarlo.

Art. 39. Se rige por la ley personal común de las partes y, en su defecto, por el derecho local,
la obligación o no de indemnización por la promesa de matrimonio incumplida o por la
publicación de proclamas en igual caso.

Art. 40. Los Estados contratantes no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado
en cualquiera de ellos, por sus nacionales o por extranjeros, que contraríe sus disposiciones
relativas a la necesidad de la disolución de un matrimonio anterior, a los grados de
consanguinidad o afinidad respecto de los cuales exista impedimento absoluto, a la
prohibición de casarse establecida respecto a los culpables de adulterio en cuya virtud se haya
disuelto el matrimonio de uno de ellos y a la misma prohibición respecto al responsable de
atentado a la vida de uno de los cónyuges para casarse con el sobreviviente, o a cualquiera
otra causa de nulidad insubsanable.

Sección II
De la Forma del Matrimonio

Art. 41. Se tendrá en todas partes como válido en cuanto a la forma, el matrimonio celebrado
en la que establezcan como eficaz las leyes del país en que se efectúe. Sin embargo, los
Estados cuya legislación exija una ceremonia religiosa, podrán negar validez a los
matrimonios contraídos por sus nacionales en el extranjero sin observar esa forma.

Art. 42. En los países en donde las leyes lo admitan, los matrimonios contraídos ante los
funcionarios diplomáticos o agentes consulares de ambos contrayentes, se ajustarán a su ley
personal, sin perjuicio de que les sean aplicables las disposiciones del artículo cuarenta.

Sección III
Efectos del Matrimonio en cuanto a las Personas de los Cónyuges

Art. 43. Se aplicará el derecho personal de ambos cónyuges y, si fuera diverso, el del marido,
en lo que toque a los deberes respectivos de protección y obediencia, a la obligación o no de
la mujer de seguir al marido cuando cambie de residencia, a la disposición y administración de
los bienes comunes y a los demás efectos especiales del matrimonio.

Art. 44. La ley personal de la mujer regirá la disposición y administración de sus bienes
propios y su comparecencia en juicio.

Art. 45. Se sujeta al derecho territorial la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse
fidelidad y socorrerse mutuamente.

Art. 46. También se aplica imperativamente el derecho local que prive de efectos civiles al
matrimonio del bígamo.

Sección IV
Nulidad del Matrimonio y sus Efectos

Art. 47. La nulidad del matrimonio debe regularse por la misma ley a que esté sometida la
condición intrínseca o extrínseca que la motive.

Art. 48. La coacción, el miedo y el rapto como causas de nulidad del matrimonio se rigen por
la ley del lugar de la celebración.

Art. 49. Se aplicará la ley personal de ambos cónyuges, si fuere común; en su defecto la del
cónyuge que haya obrado de buena fe, y, a falta de ambas, la del varón, a las reglas sobre el
cuidado de los hijos de matrimonios nulos, en los casos en que no puedan o no quieran
estipular nada sobre esto los padres.

Art. 50. La propia ley personal debe aplicarse a los demás efectos civiles del matrimonio nulo,
excepto los que ha de producir respecto de los bienes de los cónyuges, que seguirán la ley del
régimen económico matrimonial.

Art. 51. Son de orden público internacional las reglas que señalan los efectos judiciales de la
demanda de nulidad.

Sección V
Separación de Cuerpos y Divorcio

Art. 52. El derecho a la separación de cuerpos y al divorcio se regula por la ley del domicilio
conyugal, pero no puede fundarse en causas anteriores a la adquisición de dicho domicilio si
no las autoriza con iguales efectos la ley personal de ambos cónyuges.

Art. 53. Cada Estado contratante tiene el derecho de permitir o reconocer o no, el divorcio o el
nuevo matrimonio de personas divorciadas en el extranjero, en casos, con efectos o por causas
que no admita su derecho personal.

Art. 54. Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someterán a la ley del lugar
en que se soliciten, siempre que en él estén domiciliados los cónyuges.

Art. 55. La ley del juez ante quien se litiga determina las consecuencias judiciales de la
demanda y los pronunciamientos de la sentencia respecto de los cónyuges y de los hijos.

Art. 56. La separación de cuerpos y el divorcio, obtenidos conforme a los artículos que
preceden, surten efectos civiles de acuerdo con la legislación del Tribunal que los otorga, en
los demás Estados contratantes, salvo lo dispuesto en el artículo 53.

Capítulo V
PATERNIDAD Y FILIACION

Art. 57. Son reglas de orden público interno, debiendo aplicarse la ley personal del hijo si
fuere distinta a la del padre, las relativas a presunción de legitimidad y sus condiciones, las
que confieren el derecho al apellido y las que determinan las pruebas de la filiación y regulan
la sucesión del hijo.

Art. 58. Tienen el mismo carácter, pero se aplica la ley personal del padre, las que otorguen a
los hijos legitimados derechos sucesorios.

Art. 59. Es de orden público internacional la regla que da al hijo el derecho a alimentos.

Art. 60. La capacidad para legitimar se rige por la ley personal del padre y la capacidad para
ser legitimado por la ley personal del hijo, requiriendo la legitimación la concurrencia de las
condiciones exigidas en ambas.

Art. 61. La prohibición de legitimar hijos no simplemente naturales es de orden público
internacional.

Art. 62. Las consecuencias de la legitimación y la acción para impugnarla se someten a la ley
personal del hijo.

Art. 63. La investigación de la paternidad y de la maternidad y su prohibición se regulan por
el derecho territorial.

Art. 64. Dependen de la ley personal del hijo las reglas que señalan condiciones al
reconocimiento, obligan a hacerlo en ciertos casos, establecen las acciones a ese efecto,
conceden o niegan el apellido y señalan causas de nulidad.

Art. 65. Se subordinan a la ley personal del padre los derechos sucesorios de los hijos
ilegítimos y a la personal del hijo los de los padres ilegítimos.

Art. 66. La forma y circunstancias del reconocimiento de los hijos ilegítimos se subordinan al
derecho territorial.

Capítulo VI
ALIMENTOS ENTRE PARIENTES

Art. 67. Se sujetarán a la ley personal del alimentado el concepto legal de los alimentos, el
orden de su prestación, la manera de suministrarlos y la extensión de ese derecho.

Art. 68. Son de orden público internacional las disposiciones que establecen el deber de
prestar alimentos, su cuantía, reducción y aumento, la oportunidad en que se deben y la forma
de su pago, así como las que prohíben renunciar y ceder ese derecho.

Capítulo VII
PATRIA POTESTAD

Art. 69. Están sometidas a la ley personal del hijo la existencia y el alcance general de la patria
potestad respecto de la persona y los bienes, así como las causas de su extinción y recobro y
la limitación por las nuevas nupcias del derecho de castigar.

Art. 70. La existencia del derecho de usufructo y las demás reglas aplicables a las diferentes
clases de peculio, se someten también a la ley personal del hijo, sea cual fuere la naturaleza de
los bienes y el lugar en que se encuentren.

Art. 71. Lo dispuesto en el artículo anterior ha de entenderse en territorio extranjero sin
perjuicio de los derechos de tercero que la ley local otorgue y de las disposiciones locales
sobre publicidad y especialidad de garantías hipotecarias.

Art. 72. Son de orden público internacional las disposiciones que determinen la naturaleza y
límites de la facultad del padre para corregir y castigar y su recurso a las autoridades, así como
las que lo priven de la potestad por incapacidad, ausencia o sentencia.

Capítulo VIII
ADOPCION

Art. 73. La capacidad para adoptar y ser adoptado y las condiciones y limitaciones de la
adopción se sujetan a la ley personal de cada uno de los interesados.

Art. 74. Se regulan por la ley personal del adoptante sus efectos en cuanto a la sucesión de
éste y por la del adoptado lo que se refiere al apellido y a los derechos y deberes que conserve
respecto de su familia natural, así como a su sucesión respecto del adoptante.

Art. 75. Cada uno de los interesados podrá impugnar la adopción de acuerdo con las
prescripciones de su ley personal.

Art. 76. Son de orden público internacional las disposiciones que en esta materia regulan el
derecho a alimentos y las que establecen para la adopción formas solemnes.

Art. 77. Las disposiciones de los cuatro artículos precedentes no se aplicarán a los Estados
cuyas legislaciones no reconozcan la adopción.

Capítulo IX
DE LA AUSENCIA

Art. 78. Las medidas provisionales en caso de ausencia son de orden público internacional.

Art. 79. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se designará la representación del
presunto ausente de acuerdo con su ley personal.

Art. 80. La ley personal del ausente determina a quién compete la acción para pedir esa
declaratoria y establece el orden y condiciones de los administradores.

Art. 81. El derecho local debe aplicarse para decidir cuándo se hace y surte efecto la
declaración de ausencia y cuándo y cómo debe cesar la administración de los bienes del
ausente, así como a la obligación y forma de rendir cuentas.

Art. 82. Todo lo que se refiera a la presunción de muerte del ausente y a sus derechos
eventuales, se regula por su ley personal.

Art. 83. La declaración de ausencia o de su presunción, así como su cesación y la de
presunción de muerte del ausente, tienen eficacia extraterritorial, incluso en cuanto al
nombramiento y facultades de los administradores.

Capítulo X
TUTELA

Art. 84. Se aplicará la ley personal del menor o incapacitado para lo que toque al objeto de la
tutela o curatela, su organización y sus especies.

Art. 85. La propia ley debe observarse en cuanto a la institución del protutor.

Art. 86. A las incapacidades y excusas para la tutela, curatela y protutela deben aplicarse
simultáneamente las leyes personales del tutor, curador o protutor y del menor o incapacitado.

Art. 87. El afianzamiento de la tutela o curatela y las reglas para su ejercicio se someten a la
ley personal del menor o incapacitado. Si la fianza fuere hipotecaria o pignoraticia deberá
constituirse en la forma prevenida por la ley local.

Art. 88. Se rigen también por la ley personal del menor o incapacitado las obligaciones
relativas a las cuentas, salvo las responsabilidades de orden penal, que son territoriales.

Art. 89. En cuanto al registro de tutelas se aplicarán simultáneamente la ley local y las
personales del tutor o curador y del menor o incapacitado.

Art. 90. Son de orden público internacional los preceptos que obligan al Ministerio Público o
a cualquier funcionario local, a solicitar la declaración de incapacidad de dementes y
sordomudos y los que fijen los trámites de esa declaración.

Art. 91. Son también de orden público internacional las reglas que establecen las
consecuencias de la interdicción.

Art. 92. La declaratoria de incapacidad y la interdicción civil surten efectos extraterritoriales.

Art. 93. Se aplicará la ley local a la obligación del tutor o curador de alimentar al menor o
incapacitado y a la facultad de corregirlos sólo moderadamente.

Art. 94. La capacidad para ser miembro de un Consejo de familia se regula por la ley personal
del interesado.

Art. 95. Las incapacidades especiales y la organización, funcionamiento, derechos y deberes
del Consejo de familia, se someten a la ley personal del sujeto a tutela.

Art. 96. En todo caso, las actas y acuerdos del Consejo de familia deberán ajustarse a las
formas y solemnidades prescritas por la ley del lugar en que se reúna.

Art. 97. Los Estados contratantes que tengan por ley personal la del domicilio podrán exigir,
cuando cambie el de los incapaces de un país para otro, que se ratifique o se discierna de
nuevo la tutela o curatela.

Capítulo XI
DE LA PRODIGALIDAD

Art. 98. La declaración de prodigalidad y sus efectos se sujetan a la ley personal del pródigo.

Art. 99. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no se aplicará la ley del domicilio a la
declaración de prodigalidad de las personas cuyo derecho nacional desconozca esta
institución.

Art. 100. La declaración de prodigalidad, hecha en uno de los Estados contratantes, tiene
eficacia extraterritorial respecto de los demás, en cuanto el derecho local lo permita.

Capítulo XII
EMANCIPACION Y MAYOR EDAD

Art. 101. Las reglas aplicables a la emancipación y la mayor edad son las establecidas por la
legislación personal del interesado.

Art. 102. Sin embargo, la legislación local puede declararse aplicable a la mayor edad como
requisito para optar por la nacionalidad de dicha legislación.

Capítulo XIII
DEL REGISTRO CIVIL

Art. 103. Las disposiciones relativas al Registro Civil son territoriales, salvo en lo que toca al
que lleven los agentes consulares o funcionarios diplomáticos.

Lo prescrito en este artículo no afecta los derechos de otro Estado en relaciones jurídicas
sometidas al Derecho internacional Público.


Art. 104. De toda inscripción relativa a un nacional de cualquiera de los Estados contratantes,
que se haga en el Registro Civil de otro, debe enviarse gratuitamente y por la vía diplomática,
certificación literal y oficial al país del interesado.

TITULO SEGUNDO D
DE LOS BIENES

Capítulo I

CLASIFICACION DE LOS BIENES

Art. 105. Los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de la situación.

Art. 106. Para los efectos del artículo anterior se tendrá en cuenta, respecto de los bienes
muebles corporales y para los títulos representativos de créditos de cualquier clase, el lugar de
su situación ordinaria o normal.

Art. 107. La situación de los créditos se determina por el lugar en que deben hacerse efectivos,
y, si no estuviere precisado, por el domicilio del deudor.

Art. 108. La propiedad industrial, la intelectual y los demás derechos análogos de naturaleza
económica que autorizan el ejercicio de ciertas actividades acordadas por la ley, se consideran
situados donde se hayan registrado oficialmente.

Art. 109. Las concesiones se reputan situadas donde se hayan obtenido legalmente.

Art. 110. A falta de toda otra regla y además para los casos no previstos en este Código, se
entenderá que los bienes muebles de toda clase están situados en el domicilio de su
propietario, o, en su defecto, en el del tenedor.

Art. 111. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior las cosas dadas en prenda, que se
consideran situadas en el domicilio de la persona en cuya posesión se hayan puesto.

Art. 112. Se aplicará siempre la ley territorial para distinguir entre los bienes muebles e
inmuebles, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros.

Art. 113. A la propia ley territorial se sujetan las demás clasificaciones y calificaciones
jurídicas de los bienes.

Capítulo II
DE LA PROPIEDAD

Art. 114. La propiedad de familia inalienable y exenta de gravámenes y embargos, se regula
por la ley de la situación.

Sin embargo, los nacionales de un Estado contratante en que no se admita o regule esa clase
de propiedad, no podrán tenerla u organizarla en otro, sino en cuanto no perjudique a sus
herederos forzosos.

Art. 115. La propiedad intelectual y la industrial se regirán por lo establecido en los convenios
internacionales especiales ahora existentes o que en lo sucesivo se acuerden.

A falta de ellos, su obtención, registro y disfrute quedarán sometidos al derecho local que las
otorgue.

Art. 116. Cada Estado contratante tiene la facultad de someter a reglas especiales respecto de
los extranjeros la propiedad minera, la de buques de pesca y cabotaje, las industrias en el mar
territorial y en la zona marítima y la obtención y disfrute de concesiones y obras de utilidad
pública y de servicio público.

Art. 117. Las reglas generales sobre propiedad y modos de adquirirla o enajenarla entre vivos,
incluso las aplicables al tesoro oculto, así como las que rigen las aguas de dominio público y
privado y sus aprovechamientos, son de orden público internacional.

Capítulo III
DE LA COMUNIDAD DE BIENES

Art. 118. La comunidad de bienes se rige en general por el acuerdo o voluntad de las partes y
en su defecto por la ley del lugar. Este último se tendrá como domicilio de la comunidad a
falta de pacto en contrario.

Art. 119. Se aplicará siempre la ley local, con carácter exclusivo, al derecho de pedir la
división de la cosa común y a las formas y condiciones de su ejercicio.

Art. 120. Son de orden público internacional las disposiciones sobre deslinde y
amojonamiento y derecho a cerrar las fincas rústicas y las relativas a edificios ruinosos y
árboles que amenacen caerse.

Capítulo IV
DE LA POSESION

Art. 121. La posesión y sus efectos se rigen por la ley local.

Art. 122. Los modos de adquirir la posesión se rigen por la ley aplicable a cada uno de ellos
según su naturaleza.

Art. 123. Se determinan por la ley del tribunal los medios y trámites utilizables para que se
mantenga en posesión al poseedor inquietado, perturbado o despojado a virtud de medidas o
acuerdos judiciales o por consecuencia de ellos.

Capítulo V
DEL USUFRUCTO, DEL USO Y DE LA HABITACION

Art. 124. Cuando el usufructo se constituya por mandato de la ley de un Estado contratante,
dicha ley lo regirá obligatoriamente.

Art. 125. Si se ha constituido por la voluntad de los particulares manifestada en actos entre
vivos o mortis causa, se aplicarán respectivamente la ley del acto o la de la sucesión.

Art. 126. Si surge por prescripción, se sujetará a la ley local que la establezca.

Art. 127. Depende de la ley personal del hijo el precepto que releva o no de fianza al padre
usufructuario.

Art. 128. Se subordina a la ley de la sucesión la necesidad de que preste fianza el cónyuge
superviviente por el usufructo hereditario y la obligación del usufructuario de pagar ciertos
legados o deudas hereditarios.

Art. 129. Son de orden público internacional las reglas que definen el usufructo y las formas
de su constitución, las que fijan las causas legales por las que se extingue y la que lo limita a
cierto número de años para los pueblos, corporaciones o sociedades.

Art. 130. El uso y la habitación se rigen por la voluntad de la parte o partes que los
establezcan.

Capítulo VI
DE LAS SERVIDUMBRES

Art. 131. Se aplicará el derecho local al concepto y clasificación de las servidumbres, a los
modos no convencionales de adquirirlas y de extinguirse y a los derechos y obligaciones en
este caso de los propietarios de los predios dominante y sirviente.

Art. 132. Las servidumbres de origen contractual o voluntario se someten a la ley del acto o
relación jurídica que las origina.

Art. 133. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior la comunidad de pastos en
terrenos públicos y la redención del aprovechamiento de leñas y demás productos de los
montes de propiedad particular, que están sujetas a la ley territorial.

Art. 134. Son de orden privado las reglas aplicables a las servidumbres legales que se
imponen en interés o por utilidad particular.

Art. 135. Debe aplicarse el derecho territorial al concepto y enumeración de las servidumbres
legales y a la regulación no convencional de las de aguas, paso, medianería, luces y vistas,
desagüe de edificios, y distancias y obras intermedias para construcciones y plantaciones.

Capítulo VII
DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD

Art. 136. Son de orden público internacional las disposiciones que establecen y regulan los
registros de la propiedad, e imponen su necesidad respecto de terceros.

Art. 137. Se inscribirán en los registros de la propiedad de cada uno de los Estados
contratantes los documentos o títulos inscribibles otorgados en otro, que tengan fuerza en el
primero con arreglo a este Código, y las ejecutorias a que de acuerdo con el mismo se dé
cumplimiento en el Estado a que el registro corresponde, o tengan en él fuerza de cosa
juzgada.

Art. 138. Las disposiciones sobre hipoteca legal a favor del Estado, de las provincias o de los
pueblos, son de orden público internacional.

Art. 139. La hipoteca legal que algunas leyes acuerdan en beneficio de ciertas personas
individuales, sólo será exigible cuando la ley personal concuerde con la ley del lugar en que
se hallen situados los bienes afectados por ella.

Título Tercero
DE VARIOS MODOS DE ADQUIRIR

Capítulo I
REGLA GENERAL

Art. 140. Se aplica el derecho local a los modos de adquirir respecto de los cuales no haya en
este Código disposiciones en contrario.

Capítulo II

DE LAS DONACIONES

Art. 141. Cuando fueren de origen contractual, las donaciones quedarán sometidas, para su
perfección y efectos entre vivos, a las reglas generales de los contratos.

Art. 142. Se sujetará a la ley personal respectiva del donante y del donatario la capacidad de
cada uno de ellos.

Art. 143. Las donaciones que hayan de producir efecto por muerte del donante, participarán
de la naturaleza de las disposiciones de última voluntad y se regirán por las reglas
internacionales establecidas en este Código para la sucesión testamentaria.

Capítulo III
DE LAS SUCESIONES EN GENERAL

Art. 144. Las sucesiones intestadas y las testamentarias incluso en cuanto al orden de suceder,
a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de las disposiciones, se
regirán, salvo los casos de excepción más adelante establecidos, por la ley personal del
causante, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren.

Art. 145. Es de orden público internacional el precepto en cuya virtud los derechos a la
sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte.

Capítulo IV
DE LOS TESTAMENTOS

Art. 146. La capacidad para disponer por testamento se regula por la ley personal del testador.

Art. 147. Se aplicará la ley territorial a las reglas establecidas por cada Estado para comprobar
que el testador demente está en un intervalo lúcido.

Art. 148. Son de orden público internacional las disposiciones que no admiten el testamento
mancomunado, el ológrafo y el verbal, y las que lo declaran acto personalísimo.

Art. 149. También son de orden público internacional las reglas sobre forma de papeles
privados relativos al testamento y sobre nulidad del otorgado con violencia, dolo o fraude.

Art. 150. Los preceptos sobre forma de los testamentos son de orden público internacional,
con excepción de los relativos al testamento otorgado en el extranjero, y al militar y marítimo
en los casos en que se otorgue fuera del país.

Art. 151. Se sujetan a la ley personal del testador la procedencia, condiciones y efectos de la
revocación de un testamento, pero la presunción de haberlo revocado se determina por la ley
local.

Capítulo V
DE LA HERENCIA

Art. 152. La capacidad para suceder por testamento o sin él se regula por la ley personal del
heredero o legatario.

Art. 153. No obstante lo dispuesto en el artículo precedente son de orden público internacional
las incapacidades para suceder que los Estados contratantes consideren como tales.

Art. 154. La institución de herederos y la sustitución se ajustarán a la ley personal del testador.


Art. 155. Se aplicará, no obstante, el derecho local a la prohibición de sustituciones
fideicomisarias que pasen del segundo grado o que se hagan a favor de personas que no vivan
al fallecimiento del testador y de las que envuelvan prohibición perpetua de enajenar.

Art. 156. El nombramiento y las facultades de los albaceas o ejecutores testamentarios,
dependen de la ley personal del difunto y deben ser reconocidos en cada uno de los Estados
contratantes de acuerdo con esa ley.

Art. 157. En la sucesión intestada, cuando la ley llame al Estado como heredero, en defecto de
otros, se aplicará la ley personal del causante; pero si lo llama como ocupante de cosas nullius
se aplica el derecho local.

Art. 158. Las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda quede encinta, se ajustarán a
lo dispuesto en la legislación del lugar en que se encuentre.

Art. 159. Las formalidades requeridas para aceptar la herencia a beneficio de inventario o para
hacer uso del derecho de deliberar se ajustarán a la ley del lugar en que la sucesión se abra,
bastando eso para sus efectos extraterritoriales.

Art. 160. Es de orden público internacional el precepto que se refiera a la proindivisión
ilimitada de la herencia o establezca la partición provisional.

Art. 161. La capacidad para solicitar y llevar a cabo la división se sujeta a la ley personal del
heredero.

Art. 162. El nombramiento y las facultades del contador o perito partidor dependen de la ley
personal del causante.

Art. 163. A la misma ley se subordina el pago de las deudas hereditarias. Sin embargo, los
acreedores que tuvieren garantía de carácter real, podrán hacerla efectiva de acuerdo con la
ley que rija esa garantía.

Título Cuarto
DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS

Capítulo I
DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL

Art. 164. El concepto y clasificación de las obligaciones se sujetan a la ley territorial.

Art. 165. Las obligaciones derivadas de la ley se rigen por el derecho que las haya
establecido.

Art. 166. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes
contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos, salvo las limitaciones establecidas en
este Código.

Art. 167. Las originadas por delitos o faltas se sujetan al mismo derecho que el delito o falta
de que procedan.

Art. 168. Las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no
penadas por la ley, se regirán por el derecho del lugar en que se hubiere incurrido en la
negligencia o la culpa que las origine.

Art. 169. La naturaleza y efectos de las diversas clases de obligaciones, así como su extinción,
se rigen por la ley de la obligación de que se trata.

Art. 170. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la ley local regula las condiciones
del pago y la moneda en que debe hacerse.

Art. 171. También se somete a la ley del lugar la determinación de quién debe satisfacer los
gastos judiciales que origine el pago, así como su regulación.

Art. 172. La prueba de las obligaciones se sujeta, en cuanto a su admisión y eficacia, a la ley
que rija la obligación misma.

Art. 173. La impugnación de la certeza del lugar del otorgamiento de un documento privado,
si influye en su eficacia, podrá hacerse siempre por el tercero a quien perjudique, y la prueba
estará a cargo de quien la aduzca.

Art. 174. La presunción de cosa juzgada por sentencia extranjera será admisible, siempre que
la sentencia reúna las condiciones necesarias para su ejecución en el territorio, conforme al
presente Código.

Capítulo II
DE LOS CONTRATOS EN GENERAL

Art. 175. Son reglas de orden público internacional las que impiden establecer pactos,
cláusulas y condiciones contrarias a las leyes, la moral y el orden público y la que prohíbe el
juramento y lo tiene por no puesto.

Art. 176. Dependen de la ley personal de cada contratante las reglas que determinen la
capacidad o incapacidad para prestar el consentimiento.

Art. 177. Se aplicará la ley territorial al error, la violencia, la intimidación y el dolo, en
relación con el consentimiento.

Art. 178. Es también territorial toda regla que prohíbe que sean objeto de los contratos,
servicios contrarios a las leyes y a las buenas costumbres y cosas que estén fuera del
comercio.

Art. 179. Son de orden público internacional las disposiciones que se refieren a causa ilícita en
los contratos.

Art. 180. Se aplicarán simultáneamente la ley del lugar del contrato y la de su ejecución, a la
necesidad de otorgar escritura o documento público para la eficacia de determinados
convenios y a la de hacerlos constar por escrito.

Art. 181. La rescisión de los contratos por incapacidad o ausencia, se determina por la ley
personal del ausente o incapacitado.

Art. 182. Las demás causas de rescisión y su forma y efectos, se subordinan a la ley territorial.


Art. 183. Las disposiciones sobre nulidad de los contratos se sujetarán a la ley de que la causa
de la nulidad dependa.

Art. 184. La interpretación de los contratos debe efectuarse como regla general, de acuerdo
con la ley que los rija.

Sin embargo, cuando esa ley se discuta y deba resultar de la voluntad tácita de las partes, se
aplicará presuntamente la legislación que para ese caso se determina en los artículos 185 y
186 aunque eso lleve a aplicar al contrato una ley distinta como resultado de la interpretación
de voluntad.

Art. 185. Fuera de las reglas ya establecidas y de las que en lo adelante se consignen para
casos especiales, en los contratos de adhesión se presume aceptada, a falta de voluntad
expresa o tácita, la ley del que los ofrece o prepara.

Art. 186. En los demás contratos y para el caso previsto en el artículo anterior, se aplicará en
primer término la ley personal común a los contratantes y en su defecto la del lugar de la
celebración.

Capítulo III
DEL CONTRATO SOBRE BIENES CON OCASION

DE MATRIMONIO

Art. 187. Este contrato se rige por la ley personal común de los contrayentes y en su defecto
por la del primer domicilio matrimonial.
Las propias leyes determinan, por ese orden, el régimen legal supletorio a falta de
estipulación.

Art. 188. Es de orden público internacional el precepto que veda celebrar capitulaciones
durante el matrimonio, o modificarlas, o que se altere el régimen de bienes por cambios de
nacionalidad o de domicilio posteriores al mismo.

Art. 189. Tienen igual carácter los preceptos que se refieren al mantenimiento de las leyes y
las buenas costumbres, a los efectos de las capitulaciones respecto de terceros y a su forma
solemne.

Art. 190. La voluntad de las partes regula el derecho aplicable a las donaciones por razón de
matrimonio, excepto en lo referente a su capacidad, a la salvaguardia de derechos legitimarios
y a la nulidad mientras el matrimonio subsista, todo lo cual se subordina a la ley general que
lo rige, y siempre que no afecte el orden público internacional.

Art. 191. Las disposiciones sobre dote y parafernales dependen de la ley personal de la mujer.

Art. 192. Es de orden público internacional la regla que repudia la inalienabilidad de la dote.

Art. 193. Es de orden público internacional la prohibición de renunciar a la sociedad de
gananciales durante el matrimonio.


Capítulo IV
COMPRAVENTA, CESION DE CREDITO Y

PERMUTA


Art. 194. Son de orden público internacional las disposiciones relativas a enajenación forzosa
por utilidad pública.

Art. 195. Lo mismo sucede con las que fijan los efectos de la posesión y de la inscripción
entre varios adquirentes, y las referentes al retracto legal.

Capítulo V
ARRENDAMIENTO

Art. 196. En el arrendamiento de cosas, debe aplicarse la ley territorial a las medidas para
dejar a salvo el interés de terceros y a los derechos y deberes del comprador de finca
arrendada.

Art. 197. Es de orden público internacional, en el arrendamiento de servicios, la regla que
impide concertarlos para toda la vida o por más de cierto tiempo.

Art. 198. También es territorial la legislación sobre accidentes del trabajo y protección social
del trabajador.

Art. 199. Son territoriales, en los transportes por agua, tierra y aire, las leyes y reglamentos
locales especiales.

Capítulo VI
CENSOS

Art. 200. Se aplica la ley territorial a la determinación del concepto y clases de los censos, a su
carácter redimible, a su prescripción, y a la acción real que de ellos se deriva.

Art. 201. Para el censo enfitéutico son asimismo territoriales las disposiciones que fijan sus
condiciones y formalidades, que imponen un reconocimiento cada cierto número de años y
que prohíben la subenfiteusis.

Art. 202. En el censo consignativo, es de orden público internacional la regla que prohíbe que
el pago en frutos pueda consistir en una parte alícuota de los que produzca la finca acensuada.


Art. 203. Tiene el mismo carácter en el censo reservativo la exigencia de que se valorice la
finca acensuada.

Capítulo VII
SOCIEDAD

Art. 204. Son leyes territoriales las que exigen un objeto lícito, formas solemnes, e inventarios
cuando hay inmuebles.


Capítulo VIII
PRESTAMO

Art. 205. Se aplica la ley local a la necesidad del pacto expreso de intereses y a su tasa.

Capítulo IX
DEPOSITO

Art. 206. Son territoriales las disposiciones referentes al depósito necesario y al secuestro.

Capítulo X
CONTRATOS ALEATORIOS

Art. 207. Los efectos de la capacidad en acciones nacidas del contrato de juego, se determinan
por la ley personal del interesado.

Art. 208. La ley local define los contratos de suerte y determina el juego y la apuesta
permitidos o prohibidos.

Art. 209. Es territorial la disposición que declara nula la renta vitalicia sobre la vida de una
persona, muerta a la fecha del otorgamiento, o dentro de un plazo si se halla padeciendo de
enfermedad incurable.

Capítulo XI
TRANSACCIONES Y COMPROMISOS

Art. 210. Son territoriales las disposiciones que prohíben transigir o sujetar a compromiso
determinadas materias.

Art. 211. La extensión y efectos del compromiso y la autoridad de cosa juzgada de la
transacción, dependen también de la ley territorial.

Capítulo XII
DE LA FIANZA

Art. 212. Es de orden público internacional la regla que prohíbe al fiador obligarse a más que
el deudor principal.

Art. 213. Corresponden a la misma clase las disposiciones relativas a la fianza legal o judicial.

Capítulo XIII
PRENDA, HIPOTECA Y ANTICRESIS

Art. 214. Es territorial la disposición que prohíbe al acreedor apropiarse las cosas recibidas en
prenda o hipoteca.

Art. 215. Lo son también los preceptos que señalan los requisitos esenciales del contrato de
prenda, y con ellos debe cumplirse cuando la cosa pignorada se traslade a un lugar donde
sean distintos de los exigidos al constituirlo.

Art. 216. Igualmente son territoriales las prescripciones en cuya virtud la prenda deba quedar
en poder del acreedor o de un tercero, la que requiere para perjudicar a extraños que conste
por instrumento público la certeza de la fecha y la que fija el procedimiento para su
enajenación.

Art. 217. Los reglamentos especiales de los Montes de piedad y establecimientos públicos
análogos, son obligatorios territorialmente para todas las operaciones que con ellos se realicen.


Art. 218. Son territoriales las disposiciones que fijan el objeto, condiciones, requisitos, alcance
e inscripción del contrato de hipoteca.

Art. 219. Lo es asimismo la prohibición de que el acreedor adquiera la propiedad del inmueble
en la anticresis, por falta de pago de la deuda.

Capítulo XIV
CUASICONTRATOS

Art. 220. La gestión de negocios ajenos se regula por la ley del lugar en que se efectúa.

Art. 221. El cobro de lo indebido se somete a la ley personal común de las partes y, en su
defecto, a la del lugar en que se hizo el pago.

Art. 222. Los demás cuasicontratos se sujetan a la ley que regule la institución jurídica que los
origine.

Capítulo XV
CONCURRENCIA Y PRELACION DE CREDITOS

Art. 223. Si las obligaciones concurrentes no tienen carácter real y están sometidas a una ley
común, dicha ley regulará también su prelación.

Art. 224. Para las garantías con acción real, se aplicará la ley de la situación de la garantía.

Art. 225. Fuera de los casos previstos en los artículos anteriores, debe aplicarse a la prelación
de créditos la ley del tribunal que haya de decidirla.

Art. 226. Si la cuestión se planteare simultáneamente en tribunales de Estados diversos, se
resolverá de acuerdo con la ley de aquel que tenga realmente bajo su jurisdicción los bienes o
numerario en que haya de hacerse efectiva la prelación.

Capítulo XVI
PRESCRIPCION

Art. 227. La prescripción adquisitiva de bienes muebles o inmuebles se rige por la ley del
lugar en que estén situados.

Art. 228. Si las cosas muebles cambiasen de situación estando en camino de prescribir, se
regirá la prescripción por la ley del lugar en que se encuentren al completarse el tiempo que
requiera.

Art. 229. La prescripción extintiva de acciones personales se rige por la ley a que esté sujeta la
obligación que va a extinguirse.

Art. 230. La prescripción extintiva de acciones reales se rige por la ley del lugar en que esté
situada la cosa a que se refiera.

Art. 231. Si en el caso previsto en el artículo anterior se tratase de cosas muebles y hubieren
cambiado de lugar durante el plazo de prescripción se aplicará la ley del lugar en que se
encuentren al cumplirse allí el término señalado para prescribir.

LIBRO SEGUNDO
DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL

Título Primero

DE LOS COMERCIANTES Y DEL COMERCIO EN GENERAL
Capítulo I

DE LOS COMERCIANTES

Art. 232. La capacidad para ejercer el comercio y para intervenir en actos y contratos
mercantiles, se regula por la ley personal de cada interesado.

Art. 233. A la misma ley personal se subordinan las incapacidades y su habilitación.

Art. 234. La ley del lugar en que el comercio se ejerza debe aplicarse a las medidas de
publicidad necesarias para que puedan dedicarse a él, por medio de sus representantes los
incapacitados, o por sí las mujeres casadas.

Art. 235. La ley local debe aplicarse a la incompatibilidad para el ejercicio del comercio de los
empleados públicos y de los agentes de comercio y corredores.

Art. 236. Toda incompatibilidad para el comercio que resulte de leyes o disposiciones
especiales en determinado territorio, se regirá por el derecho del mismo.

Art. 237. Dicha incompatibilidad en cuanto a los funcionarios diplomáticos y agentes
consulares, se apreciará por la ley del Estado que los nombra. El país en que residen tiene
igualmente el derecho de prohibirles el ejercicio del comercio.

Art. 238. El contrato social y en su caso la ley a que esté sujeto se aplica a la prohibición de
que los socios colectivos o comanditarios realicen operaciones mercantiles, o cierta clase de
ellas, por cuenta propia o de otros.

Capítulo II

DE LA CUALIDAD DE COMERCIANTES Y DE LOS ACTOS DE COMERCIO

Art. 239. Para todos los efectos de carácter público, la cualidad de comerciante se determina
por la ley del lugar en que se haya realizado el acto o ejercido la industria de que se trate.

Art. 240. La forma de los contratos y actos mercantiles se sujeta a la ley territorial.

Capítulo III
DEL REGISTRO MERCANTIL

Art. 241. Son territoriales las disposiciones relativas a la inscripción en el Registro mercantil de los comerciantes y sociedades extranjeras.

Art. 242. Tienen el mismo carácter las reglas que señalan el efecto de la inscripción en dicho Registro de créditos o derechos de terceros.

Capítulo IV

LUGARES Y CASAS DE CONTRATACION MERCANTIL Y COTIZACION OFICIAL DE EFECTOS PUBLICOS Y DOCUMENTOS DE CREDITO AL PORTADOR

Art. 243. Las disposiciones relativas a los lugares y casas de contratación mercantil y cotización oficial de efectos públicos y documentos de crédito al portador, son de orden público internacional.

Capítulo V

DISPOSICIONES GENERALES
SOBRE LOS CONTRATOS DE COMERCIO

Art. 244. Se aplicarán a los contratos de comercio las reglas generales establecidas para los contratos civiles en el capítulo segundo, título cuarto, libro primero de este Código.

Art. 245. Los contratos por correspondencia no quedarán perfeccionados sino mediante el cumplimiento de las condiciones que al efecto señale la legislación de todos los contratantes.

Art. 246. Son de orden público internacional las disposiciones relativas a contratos ilícitos y a términos de gracia, cortesía u otros análogos.

Título Segundo

DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DEL COMERCIO

Capítulo I
DE LAS COMPAÑIAS MERCANTILES

Art. 247. El carácter mercantil de una sociedad colectiva o comanditaria se determina por la ley a que esté sometido el contrato social, y en su defecto por la del lugar en que tenga su domicilio comercial.

Si esas leyes no distinguieran entre sociedades mercantiles y civiles, se aplicará el derecho del país en que la cuestión se someta a juicio.

Art. 248. El carácter mercantil de una sociedad anónima depende de la ley del contrato social; en su defecto, de la del lugar en que celebre las juntas generales de accionistas y por su falta de la de aquel en que residan normalmente su Consejo o Junta Directiva.

Si esas leyes no distinguieren entre sociedades mercantiles y civiles tendrá uno u otro carácter según que esté o no inscrita en el Registro mercantil del país donde la cuestión haya de juzgarse. A falta de Registro mercantil se aplicará el derecho local de este último país.

Art. 249. Lo relativo a la constitución y manera de funcionar de las sociedades mercantiles y a
la responsabilidad de sus órganos, está sujeto al contrato social y en su caso a la ley que lo
rija.

Art. 250. La emisión de acciones y obligaciones en un Estado contratante, las formas y
garantías de publicidad y la responsabilidad de los gestores de agencias y sucursales respecto
de terceros, se someten a la ley territorial.

Art. 251. Son también territoriales las leyes que subordinen la sociedad a un régimen especial
por razón de sus operaciones.

Art. 252. Las sociedades mercantiles debidamente constituidas en un Estado contratante
disfrutarán de la misma personalidad jurídica en los demás, salvo las limitaciones del derecho
territorial.

Art. 253. Son territoriales las disposiciones que se refieran a la creación, funcionamiento y
privilegios de los bancos de emisión y descuento, compañías de almacenes generales de
depósitos y otras análogas.

Capítulo II
DE LA COMISION MERCANTIL

Art. 254. Son de orden público internacional las prescripciones relativas a la forma de la venta
urgente por el comisionista para salvar en lo posible el valor de las cosas en que la comisión
consista.

Art. 255. Las obligaciones del factor se sujetan a la ley del domicilio mercantil del mandante.

Capítulo III
DEL DEPOSITO Y PRESTAMO MERCANTILES

Art. 256. Las responsabilidades no civiles del depositario se rigen por la ley del lugar del
depósito.

Art. 257. La tasa o libertad del interés mercantil son de orden público internacional.

Art. 258. Son territoriales las disposiciones referentes al préstamo con garantía de efectos
cotizables, hecho en bolsa, con intervención de agente colegiado o funcionario oficial.

Capítulo IV
DEL TRANSPORTE TERRESTRE

Art. 259. En los casos de transporte internacional no hay más que un contrato, regido por la
ley que le corresponda según su naturaleza.

Art. 260. Los plazos y formalidades para el ejercicio de acciones surgidas de este contrato y
no previstos en el mismo, se rigen por la ley del lugar en que se produzcan los hechos que las
originen.

Capítulo V
DE LOS CONTRATOS DE SEGURO
Art. 261. El contrato de seguro contra incendios se rige por la ley del lugar donde radique, al
efectuarlo, la cosa asegurada.

Art. 262. Los demás contratos de seguro siguen la regla general, regulándose por la ley
personal común de las partes o en su defecto por la del lugar de la celebración; pero las
formalidades externas para comprobar hechos u omisiones necesarios al ejercicio o a la
conservación de acciones o derechos, se sujetan a la ley del lugar en que se produzca el hecho
o la omisión que les hace surgir.

Capítulo VI
DEL CONTRATO Y LETRA DE CAMBIO Y EFECTOS MERCANTILES ANALOGOS

Art. 263. La forma del giro, endoso, fianza, intervención, aceptación y protesto de una letra de
cambio, se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice.

Art. 264. A falta de convenio expreso o tácito, las relaciones jurídicas entre el librador y el
tomador se rigen por la ley del lugar en que la letra se gira.

Art. 265. En igual caso, las obligaciones y derechos entre el aceptante y el portador se regulan
por la ley del lugar en que se ha efectuado la aceptación.

Art. 266. En la misma hipótesis, los efectos jurídicos que el endoso produce entre endosante y
endosatario, dependen de la ley del lugar en que la letra ha sido endosada.

Art. 267. La mayor o menor extensión de las obligaciones de cada endosante, no altera los
derechos y deberes originarios del librador y el tomador.

Art. 268. El aval, en las propias condiciones, se rige por la ley del lugar en que se presta.

Art. 269. Los efectos jurídicos de la aceptación por intervención se regulan, a falta de pacto,
por la ley del lugar en que el tercero interviene.

Art. 270. Los plazos y formalidades para la aceptación, el pago y el protesto, se someten a la
ley local.

Art. 271. Las reglas de este capítulo son aplicables a las libranzas, vales, pagarés y mandatos o
cheques.

Capítulo VII

DE LA FALSEDAD, ROBO, HURTO O EXTRAVIO DE DOCUMENTOS DE CREDITO Y
EFECTOS AL PORTADOR

Art. 272. Las disposiciones relativas a la falsedad, robo, hurto o extravío de documentos de
crédito y efectos al portador son de orden público internacional.

Art. 273. La adopción de las medidas que establezca la ley del lugar en que el hecho se
produce, no dispensa a los interesados de tomar cualesquiera otras que establezca la ley del
lugar en que esos documentos y efectos se coticen y la del lugar de su pago.

Título Tercero
DEL COMERCIO MARITIMO Y AEREO

Capítulo I
DE LOS BUQUES Y AERONAVES

Art. 274. La nacionalidad de las naves se prueba por la patente de navegación y la
certificación del registro, y tiene el pabellón como signo distintivo aparente.

Art. 275. La ley del pabellón rige las formas de publicidad requeridas para la transmisión de la
propiedad de una nave.

Art. 276. A la ley de la situación debe someterse la facultad de embargar y vender
judicialmente una nave, esté o no cargada y despachada.

Art. 277. Se regulan por la ley del pabellón los derechos de los acreedores después de la venta
de la nave, y la extinción de los mismos.

Art. 278. La hipoteca marítima y los privilegios o seguridades de carácter real constituidos de
acuerdo con la ley del pabellón, tienen efectos extraterritoriales aun en aquellos países cuya
legislación no conozca o regule esa hipoteca o esos privilegios.

Art. 279. Se sujetan también a la ley del pabellón los poderes y obligaciones del capitán y la
responsabilidad de los propietarios y navieros por sus actos.

Art. 280. El reconocimiento del buque, la petición de práctico y la policía sanitaria, dependen
de la ley territorial.

Art. 281. Las obligaciones de los oficiales y gente de mar y el orden interno del buque, se
sujetan a la ley del pabellón.

Art. 282. Las disposiciones precedentes de este capítulo se aplican también a las aeronaves.

Art. 283. Son de orden público internacional las reglas sobre nacionalidad de los propietarios
de buques y aeronaves y de los navieros, así como de los oficiales y la tripulación.

Art. 284. También son de orden público internacional las disposiciones sobre nacionalidad de
buques y aeronaves para el comercio fluvial, lacustre y de cabotaje o entre determinados
lugares del territorio de los Estados contratantes, así como para la pesca y otros
aprovechamientos submarinos en el mar territorial.

Capítulo II
DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DEL COMERCIO MARITIMO Y AEREO

Art. 285. El fletamento, si no fuere un contrato de adhesión, se regirá por la ley del lugar de
salida de las mercancías.

Los actos de ejecución del contrato se ajustarán a la ley del lugar en que se realicen.

Art. 286. Las facultades del capitán para el préstamo a la gruesa se determinan por la ley del
pabellón.

Art. 287. El contrato de préstamo a la gruesa, salvo pacto en contrario, se sujeta a la ley del
lugar en que el préstamo se efectúa.

Art. 288. Para determinar si la avería es simple o gruesa y la proporción en que contribuyen a
soportarla la nave y el cargamento, se aplica la ley del pabellón.

Art. 289. El abordaje fortuito en aguas territoriales o en el aire nacional se somete a la ley del
pabellón si fuere común.

Art. 290. En el propio caso, si los pabellones difieren, se aplica la ley del lugar.

Art. 291. La propia ley local se aplica en todo caso al abordaje culpable en aguas territoriales
o aire nacional.

Art. 292. Al abordaje fortuito o culpable en alta mar o aire libre, se le aplica la ley del pabellón
si todos los buques o aeronaves tuvieren el mismo.

Art. 293. En su defecto, se regulará por el pabellón del buque o aeronave abordados, si el
abordaje fuere culpable.

Art. 294. En los casos de abordaje fortuito en alta mar o aire libre, entre naves o aeronaves de
diferente pabellón, cada uno soportará la mitad de la suma total del daño, repartida según la
ley de una de ellas, y la mitad restante repartida según la ley de la otra.

Título Cuarto
DE LA PRESCRIPCION

Art. 295. La prescripción de las acciones nacidas de los contratos y actos mercantiles, se
ajustará a las reglas establecidas en este Código respecto de las acciones civiles.

LIBRO TERCERO
DERECHO PENAL INTERNACIONAL

Capítulo I
DE LAS LEYES PENALES

Art. 296. Las leyes penales obligan a todos los que residen en el territorio, sin más
excepciones que las establecidas en este capítulo.

Art. 297. Están exentos de las leyes penales de cada Estado contratante los Jefes de los otros
Estados, que se encuentren en su territorio.

Art. 298. Gozan de igual exención los Representantes diplomáticos de los Estados contratantes
en cada uno de los demás, así como sus empleados extranjeros, y las personas de la familia de
los primeros, que vivan en su compañía.

Art. 299. Tampoco son aplicables las leyes penales de un Estado a los delitos cometidos en el
perímetro de las operaciones militares, cuando autorice el paso por su territorio de un ejército
de otro Estado contratante, salvo que no tengan relación legal con dicho ejército.

Art. 300. La misma exención se aplica a los delitos cometidos en aguas territoriales o en el aire
nacional, a bordo de naves o aeronaves extranjeras de guerra.

Art. 301. Lo propio sucede con los delitos cometidos en aguas territoriales o aire nacional en
naves o aeronaves mercantes extranjeras, si no tienen relación alguna con el país y sus
habitantes ni perturban su tranquilidad.

Art. 302. Cuando los actos de que se componga un delito, se realicen en Estados contratantes
diversos, cada Estado puede castigar el acto realizado en su país, si constituye por sí solo un
hecho punible.

De lo contrario, se dará preferencia al derecho de la soberanía local en que el delito se haya
consumado.

Art. 303. Si se trata de delitos conexos en territorios de más de un Estado contratante, sólo
estará sometido a la ley penal de cada uno el cometido en su territorio.

Art. 304. Ningún Estado contratante aplicará en su territorio las leyes penales de los demás.

Capítulo II
DELITOS COMETIDOS EN UN ESTADO EXTRANJERO CONTRATANTE

Art. 305. Están sujetos en el extranjero a las leyes penales de cada Estado contratante, los que
cometieren un delito contra la seguridad interna o externa del mismo o contra su crédito
público sea cual fuere la nacionalidad o el domicilio del delincuente.

Art. 306. Todo nacional de un Estado contratante o todo extranjero domiciliado en él, que
cometa en el extranjero un delito contra la independencia de ese Estado, queda sujeto a sus
leyes penales.

Art. 307. También estarán sujetos a las leyes penales del Estado extranjero en que puedan ser
aprehendidos y juzgados, los que cometan fuera del territorio un delito como la trata de
blancas que ese Estado contratante se haya obligado a reprimir por un acuerdo internacional.

Capítulo III
DELITOS COMETIDOS FUERA DE TODO TERRITORIO NACIONAL

Art. 308. La piratería, la trata de negros y el comercio de esclavos, la trata de blancas, la
destrucción o deterioro de cables submarinos y los demás delitos de la misma índole contra el
derecho internacional, cometidos en alta mar, en el aire libre o en territorios no organizados
aún en Estado, se castigarán por el captor de acuerdo con sus leyes penales.

Art. 309. En los casos de abordaje culpable en alta mar o en el aire, entre naves o aeronaves
de distinto pabellón, se aplicará la ley penal de la víctima.

Capítulo IV
CUESTIONES VARIAS

Art. 310. Para el concepto legal de la reiteración o de la reincidencia, se tendrá en cuenta la
sentencia dictada en un Estado extranjero contratante, salvo los casos en que se opusiere la
legislación local.

Art. 311. La pena de interdicción civil tendrá efecto en los otros Estados mediante el
cumplimiento previo de las formalidades de registro o publicación que exija la legislación de
cada uno de ellos.
Art. 312. La prescripción del delito se subordina a la ley del Estado a que corresponda su
conocimiento.

Art. 313. La prescripción de la pena se rige por la ley del Estado que la ha impuesto.

LIBRO CUARTO
DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL

Título Primero
PRINCIPIOS GENERALES

Art. 314. La ley de cada Estado contratante determina la competencia de los tribunales, así
como su organización, las formas de enjuiciamiento y de ejecución de las sentencias y los
recursos contra sus decisiones.

Art. 315. Ningún Estado contratante organizará o mantendrá en su territorio tribunales
especiales para los miembros de los demás Estados contratantes.

Art. 316. La competencia ratione loci se subordina, en el orden de las relaciones
internacionales, a la ley del Estado contratante que la establece.

Art. 317. La competencia ratione materiae y ratione personae, en el orden de relaciones
internacionales, no debe basarse por los Estados contratantes en la condición de nacionales o
extranjeras de las personas interesadas, en perjuicio de éstas.

Título Segundo
COMPETENCIA

Capítulo I
DE LAS REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL

Art. 318. Será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen
el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se
sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos por lo menos sea nacional del Estado
contratante a que el juez pertenezca o tenga en él su domicilio y salvo el derecho local
contrario.

La sumisión no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles, si la
prohíbe la ley de su situación.

Art. 319. La sumisión sólo podrá hacerse a juez que ejerza jurisdicción ordinaria y que la
tenga para conocer de igual clase de negocios y en el mismo grado.

Art. 320. En ningún caso podrán las partes someterse expresa o tácitamente para un recurso a
juez o tribunal diferente de aquel a quien esté subordinado, según las leyes locales, el que
haya conocido en primera instancia.

Art. 321. Se entenderá por sumisión expresa la hecha por los interesados renunciando clara y
terminantemente a su fuero propio y designando con toda precisión el juez a quien se
sometan.

Art. 322. Se entenderá hecha la sumisión tácita por el demandante con el hecho de acudir al
juez interponiendo la demanda, y por el demandado con el hecho de practicar, después de
personado en el juicio, cualquier gestión que no sea proponer en forma la declinatoria. No se
entenderá que hay sumisión tácita si el procedimiento se siguiera en rebeldía.

Art. 323. Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, y salvo el derecho local contrario,
será juez competente para el ejercicio de acciones personales el del lugar del cumplimiento de
la obligación, o el del domicilio de los demandados y subsidiariamente el de su residencia.

Art. 324. Para el ejercicio de acciones reales sobre bienes muebles será competente el juez de
la situación, y si no fuere conocida del demandante, el del domicilio, y en su defecto el de la
residencia del demandado.

Art. 325. Para el ejercicio de acciones reales sobre bienes inmuebles y para el de las acciones
mixtas de deslinde y división de la comunidad, será juez competente el de la situación de los
bienes.

Art. 326. Si en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores hubiere bienes situados
en más de un Estado contratante podrá acudirse a los jueces de cualquiera de ellos, salvo que
lo prohíba para los inmuebles la ley de la situación.

Art. 327. En los juicios de testamentaría o ab intestato será juez competente el del lugar en que
tuvo el finado su último domicilio.

Art. 328. En los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuere voluntaria la
presentación del deudor en ese Estado, será juez competente el de su domicilio.

Art. 329. En los concursos o quiebras promovidos por los acreedores, será juez competente el
de cualquiera de los lugares que esté conociendo de la reclamación que los motiva,
prefiriéndose, caso de estar entre ellos, el del domicilio del deudor, si éste o la mayoría de los
acreedores, lo reclamasen.

Art. 330. Para los actos de jurisdicción voluntaria y salvo también el caso de sumisión y el
derecho local, será competente el juez del lugar en que tenga o haya tenido su domicilio, o en
su defecto, la residencia, la persona que los motive.

Art. 331. Respecto de los actos de jurisdicción voluntaria en materia de comercio y fuera del
caso de sumisión y salvo el derecho local, será competente el juez del lugar en que la
obligación deba cumplirse o, en su defecto, el del lugar del hecho que los origine.

Art. 332. Dentro de cada Estado contratante, la competencia preferente de los diversos jueces
se ajustará a su derecho nacional.

Capítulo II
EXCEPCIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA EN LO CIVIL Y EN
LO MERCANTIL

Art. 333. Los jueces y tribunales de cada Estado contratante serán incompetentes para conocer
de los asuntos civiles o mercantiles en que sean parte demandada los demás Estados
contratantes o sus Jefes, si se ejercita una acción personal, salvo el caso de sumisión expresa o
de demandas reconvencionales.

Art. 334. En el mismo caso y con la propia excepción, serán incompetentes cuando se
ejerciten acciones reales, si el Estado contratante o su Jefe han actuado en el asunto como tales
y en su carácter público, debiendo aplicarse lo dispuesto en el último párrafo del artículo 318.

Art. 335. Si el Estado extranjero contratante o su Jefe han actuado como particulares o
personas privadas, serán competentes los jueces o tribunales para conocer de los asuntos en
que se ejerciten acciones reales o mixtas, si esta competencia les corresponde conforme a este
Código.

Art. 336. La regla del artículo anterior será aplicable a los juicios universales sea cual fuere el
carácter con que en ellos actúen el Estado extranjero contratante o su Jefe.

Art. 337. Las disposiciones establecidas en los artículos anteriores, se aplicarán a los
funcionarios diplomáticos extranjeros y a los comandantes de buques o aeronaves de guerra.

Art. 338. Los cónsules extranjeros no estarán exentos de la competencia de los jueces y
tribunales civiles del país en que actúen, sino para sus actos oficiales.

Art. 339. En ningún caso podrán adoptar los jueces o tribunales medidas coercitivas o de otra
clase que hayan de ser ejecutadas en el interior de las Legaciones o Consulados o sus
archivos, ni respecto de la correspondencia diplomática o consular, sin el consentimiento de
los respectivos funcionarios diplomáticos o consulares.

Capítulo III
REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA EN LO PENAL

Art. 340. Para conocer de los delitos y faltas y juzgarlos son competentes los jueces y
tribunales del Estado contratante en que se hayan cometido.

Art. 341. La competencia se extiende a todos los demás delitos y faltas a que haya de aplicarse
la ley penal del Estado conforme a las disposiciones de este Código.

Art. 342. Alcanza asimismo a los delitos o faltas cometidos en el extranjero por funcionarios
nacionales que gocen del beneficio de inmunidad.

Capítulo IV
EXCEPCIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA EN MATERIA PENAL


Art. 343. No están sujetos en lo penal a la competencia de los jueces y tribunales de los
Estados contratantes, las personas y los delitos y faltas a que no alcanza la ley penal del
respectivo Estado.

Título Tercero
DE LA EXTRADICION

Art. 344. Para hacer efectiva la competencia judicial internacional en materias penales, cada
uno de los Estados contratantes accederá a la solicitud de cualquiera de los otros para la
entrega de individuos condenados o procesados por delitos que se ajusten a las disposiciones
de este título, sujeto a las provisiones de los tratados o convenciones internacionales que
contengan listas de infracciones penales que autoricen la extradición.

Art. 345. Los Estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación
que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos estará obligada a juzgarlo.

Art. 346. Cuando, con anterioridad al recibo de la solicitud, un procesado o condenado haya
delinquido en el país a que se pide su entrega, puede diferirse esa entrega hasta que se le
juzgue y cumpla la pena.

Art. 347. Si varios Estados contratantes solicitan la extradición de un delincuente por el mismo
delito, debe entregarse a aquel en cuyo territorio se haya cometido.

Art. 348. Caso de solicitarse por hechos diversos, tendrá preferencia el Estado contratante en
cuyo territorio se haya cometido el delito más grave, según la legislación del Estado requerido.


Art. 349. Si todos los hechos imputados tuvieren igual gravedad, será preferido el Estado
contratante que presente primero la solicitud de extradición. De ser simultáneas, decidirá el
Estado requerido, pero debe conceder la preferencia al Estado de origen o, en su defecto, al
del domicilio del delincuente, si fuere uno de los solicitantes.

Art. 350. Las anteriores reglas sobre preferencia no serán aplicables si el Estado contratante
estuviere obligado con un tercero, a virtud de tratados vigentes anteriores a este Código, a
establecerla de un modo distinto.

Art. 351. Para conceder la extradición, es necesario que el delito se haya cometido en el
territorio del Estado que la pida o que le sean aplicables sus leyes penales de acuerdo con el
libro tercero de este Código.

Art. 352. La extradición alcanza a los procesados o condenados como autores, cómplices o
encubridores de delito.

Art. 353. Es necesario que el hecho que motive la extradición tenga carácter de delito en la
legislación del Estado requirente y en la del requerido.

Art. 354. Asimismo se exigirá que la pena asignada a los hechos imputados, según su
calificación provisional o definitiva por el juez o tribunal competente del Estado que solicita la
extradición, no sea menor de un año de privación de libertad y que esté autorizada o acordada
la prisión o detención preventiva del procesado, si no hubiere aún sentencia firme. Esta debe
ser de privación de libertad.

Art. 355. Están excluidos de la extradición los delitos políticos y conexos, según la
calificación del Estado requerido.

Art. 356. Tampoco se acordará, si se probare que la petición de entrega se ha formulado de
hecho con el fin de juzgar y castigar al acusado por un delito de carácter político, según la
misma calificación.

Art. 357. No será reputado delito político, ni hecho conexo, el de homicidio o asesinato del
Jefe de un Estado contratante o de cualquiera persona que en él ejerza autoridad.

Art. 358. No será concedida la extradición si la persona reclamada ha sido ya juzgada y puesta
en libertad, o ha cumplido la pena, o está pendiente de juicio, en el territorio del Estado
requerido, por el mismo delito que motiva la solicitud.

Art. 359. Tampoco debe accederse a ella si han prescrito el delito o la pena conforme a las
leyes del Estado requirente o del requerido.

Art. 360. La legislación del Estado requerido posterior al delito, no podrá impedir la
extradición.

Art. 361. Los cónsules generales, cónsules, vicecónsules o agentes consulares, pueden pedir
que se arreste y entregue a bordo de un buque o aeronave de su país, a los oficiales, marinos o
tripulantes de sus naves o aeronaves de guerra o mercantes, que hubiesen desertado de ellas.

Art. 362. Para los efectos del artículo anterior, exhibirán a la autoridad local correspondiente,
dejándole además copia auténtica, los registros del buque o aeronave, rol de la tripulación o
cualquier otro documento oficial en que la solicitud se funde.

Art. 363. En los países limítrofes podrán pactarse reglas especiales para la extradición en las
regiones o localidades de la frontera.

Art. 364. La solicitud de la extradición debe hacerse por conducto de los funcionarios
debidamente autorizados para eso por las leyes del Estado requirente.

Art. 365. Con la solicitud definitiva de extradición deben presentarse:

1. Una sentencia condenatoria o un mandamiento o auto de prisión o un documento de igual
fuerza, o que obligue al interesado a comparecer periódicamente ante la jurisdicción represiva,
acompañado de las actuaciones del proceso que suministren pruebas o al menos indicios
racionales de la culpabilidad de la persona de que se trate.
2. La filiación del individuo reclamado o las señas o circunstancias que puedan servir para
identificarlo.

3. Copia auténtica de las disposiciones que establezcan la calificación legal del hecho que
motiva la solicitud de entrega, definan la participación atribuida en él al inculpado y precisen
la pena aplicable.

Art. 366. La extradición puede solicitarse telegráficamente y, en ese caso, los documentos
mencionados en el artículo anterior se presentarán al país requerido o a su Legación o
Consulado general en el país requirente, dentro de los dos meses siguientes a la detención del
inculpado. En su defecto será puesto en libertad.

Art. 367. Si el Estado requirente no dispone de la persona reclamada dentro de los tres meses
siguientes a haber quedado a sus órdenes, será puesto también en libertad.

Art. 368. El detenido podrá utilizar, en el Estado a que se haga la solicitud de extradición,
todos los medios legales concedidos a los nacionales para recobrar su libertad, fundando su
ejercicio en las disposiciones de este Código.

Art. 369. También podrá el detenido, a partir de ese hecho, utilizar los recursos legales que
procedan, en el Estado que pida la extradición, contra las calificaciones y resoluciones en que
se funde.

Art. 370. La entrega debe hacerse con todos los objetos que se encontraren en poder de la
persona reclamada, ya sean producto del delito imputado, ya piezas que puedan servir para la
prueba del mismo, en cuanto fuere practicable con arreglo a las leyes del Estado que la
efectúa, y respetando debidamente los derechos de tercero.

Art. 371. La entrega de los objetos a que se refiere el artículo anterior, podrá hacerse, si la
pidiere el Estado solicitante de la extradición, aunque el detenido muera o se evada antes de
efectuarla.

Art. 372. Los gastos de detención y entrega serán de cuenta del Estado requirente, pero no
tendrá que sufragar ninguno por los servicios que prestaren los empleados públicos con
sueldo del Gobierno a quien se pida la extradición.

Art. 373. El importe de los servicios prestados por empleados públicos u oficiales que sólo
perciban derechos o emolumentos, no excederá de los que habitualmente cobraren por esas
diligencias o servicios según las leyes del país en que residan.

Art. 374. Toda responsabilidad que pueda originarse del hecho de la detención provisional,
será de cargo del Estado que la solicite.

Art. 375. El tránsito de la persona extraditada y de sus custodios por el territorio de un tercer
Estado contratante, se permitirá mediante la exhibición del ejemplar original o de una copia
auténtica del documento que concede la extradición.

Art. 376. El Estado que obtenga la extradición de un acusado que fuere luego absuelto, estará
obligado a comunicar al que la concedió una copia auténtica del fallo.

Art. 377. La persona entregada no podrá ser detenida en prisión ni juzgada por el Estado
contratante a quien se entregue, por un delito distinto del que hubiere motivado la extradición
y cometido con anterioridad a la misma, salvo que consienta en ello el Estado requerido, o que
permanezca el extraditado libre en los primeros tres meses después de juzgado y absuelto por
el delito que originó la extradición o de cumplida la pena de privación de libertad impuesta.

Art. 378. En ningún caso se impondrá o ejecutará la pena de muerte por el delito que hubiese
sido causa de la extradición.

Art. 379. Siempre que proceda el abono de la prisión preventiva, se computará como tal el
tiempo transcurrido desde la detención del extraditado en el Estado a quien se le haya pedido.

Art. 380. El detenido será puesto en libertad, si el Estado requirente no presentase la solicitud
de extradición en un plazo razonable dentro del menor tiempo posible, habida cuenta de la
distancia y las facilidades de comunicaciones postales entre los dos países, después del arresto
provisional.

Art. 381. Negada la extradición de una persona, no se puede volver a solicitar por el mismo
delito.

Título Cuarto
DEL DERECHO DE COMPARECER EN JUICIO Y SUS MODALIDADES

Art. 382. Los nacionales de cada Estado contratante gozarán en cada uno de los otros del
beneficio de defensa por pobre, en las mismas condiciones que los naturales.

Art. 383. No se hará distinción entre nacionales y extranjeros en los Estados contratantes en
cuanto a la prestación de la fianza para comparecer en juicio.

Art. 384. Los extranjeros pertenecientes a un Estado contratante podrán ejercitar en los demás
la acción pública en materia penal, en iguales condiciones que los nacionales.

Art. 385. Tampoco necesitarán esos extranjeros prestar fianza para querellarse por acción
privada, en los casos en que no se exija a los nacionales.

Art. 386. Ninguno de los Estados contratantes impondrá a los nacionales de otro la caución
judicio siti o el onus probandi, en los casos en que no se exijan a sus propios naturales.

Art. 387. No se autorizarán embargos preventivos, ni fianza de cárcel segura ni otras medidas
procesales de índole análoga, respecto de los nacionales de los Estados contratantes, por su
sola condición de extranjeros.

Título Quinto
EXHORTOS O COMISIONES ROGATORIAS

Art. 388. Toda diligencia judicial que un Estado contratante necesite practicar en otro, se
efectuará mediante exhorto o comisión rogatoria cursados por la vía diplomática. Sin
embargo, los Estados contratantes podrán pactar o aceptar entre sí en materia civil o criminal
cualquier otra forma de transmisión.

Art. 389. Al juez exhortante corresponde decidir respecto a su competencia y a la legalidad y
oportunidad del acto o prueba, sin perjuicio de la jurisdicción del juez exhortado.

Art. 390. El juez exhortado resolverá sobre su propia competencia ratione materiae para el
acto que se le encarga.

Art. 391. El que reciba el exhorto o comisión rogatoria debe ajustarse en cuanto a su objeto a
la ley del comitente y en cuanto a la forma de cumplirlo a la suya propia.

Art. 392. El exhorto será redactado en la lengua del Estado exhortante y será acompañado de
una traducción hecha en la lengua del Estado exhortado, debidamente certificada por
intérprete juramentado.

Art. 393. Los interesados en la ejecución de los exhortos y cartas rogatorias de naturaleza
privada deberán constituir apoderados, siendo de su cuenta los gastos que estos apoderados y
las diligencias ocasionen.

Título Sexto
EXCEPCIONES QUE TIENEN CARACTER INTERNACIONAL

Art. 394. La litis pendencia por pleito en otro de los Estados contratantes, podrá alegarse en
materia civil cuando la sentencia que se dicte en uno de ellos haya de producir en el otro los
efectos de cosa juzgada.

Art. 395. En asuntos penales no podrá alegarse la excepción de litis pendencia por causa
pendiente en otro Estado contratante.

Art. 396. La excepción de cosa juzgada que se funde en sentencia de otro Estado contratante,
sólo podrá alegarse cuando se haya dictado la sentencia con la comparecencia de las partes o
de sus representantes legítimos, sin que se haya suscitado cuestión de competencia del tribunal
extranjero basada en disposiciones de este Código.

Art. 397. En todos los Casos de relaciones jurídicas sometidas a este Código, podrán
promoverse cuestiones de competencia por declinatoria fundada en sus preceptos.

Título Séptimo
DE LA PRUEBA

Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA

Art. 398. La ley que rija el delito o la relación de derecho objeto del juicio civil o mercantil,
determina a quién incumbe la prueba.

Art. 399. Para decidir los medios de prueba que pueden utilizarse en cada caso, es competente
la ley del lugar en que se ha realizado el acto o hecho que se trate de probar, exceptuándose
los no autorizados por la ley del lugar en que se sigue el juicio.

Art. 400. La forma en que ha de practicarse toda prueba se regula por la ley vigente en el
lugar en que se lleva a cabo.

Art. 401. La apreciación de la prueba depende de la ley del juzgador.

Art. 402. Los documentos otorgados en cada uno de los Estados contratantes, tendrán en los
otros el mismo valor en juicio que los otorgados en ellos, si reúnen los requisitos siguientes:

1. Que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito y permitido por las leyes del país del
otorgamiento y de aquel en que el documento se utiliza;
2. Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse conforme a su ley
personal;

3. Que en su otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades establecidas en el
país donde se han verificado los actos o contratos;

4. Que el documento esté legalizado y llene los demás requisitos necesarios para su
autenticidad en el lugar donde se emplea.

Art. 403. La fuerza ejecutiva de un documento se subordina al derecho local.

Art. 404. La capacidad de los testigos y su recusación dependen de la ley a que se someta la
relación de derecho objeto del juicio.

Art. 405. La forma del juramento se ajustará a la ley del juez o tribunal ante quien se preste y
su eficacia a la que rija el hecho sobre el cual se jura.

Art. 406. Las presunciones derivadas de un hecho se sujetan a la ley del lugar en que se
realiza el hecho de que nacen.

Art. 407. La prueba indiciaria depende de la ley del juez o tribunal.

Capítulo II
REGLAS ESPECIALES SOBRE LA PRUEBA DE LEYES EXTRANJERAS

Art. 408. Los jueces y tribunales de cada Estado contratante aplicarán de oficio, cuando
proceda, las leyes de los demás sin perjuicio de los medios probatorios a que este capítulo se
refiere.

Art. 409. La parte que invoque la aplicación del derecho de cualquier Estado contratante en
uno de los otros, o disienta de ella, podrá justificar su texto, vigencia y sentido, mediante
certificación de dos abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, que deberá
presentarse debidamente legalizada.

Art. 410. A falta de prueba o si el juez o el tribunal por cualquier razón la estimaren
insuficiente, podrán solicitar de oficio, antes de resolver, por la vía diplomática, que el Estado
de cuya legislación se trate proporcione un informe sobre el texto, vigencia y sentido del
derecho aplicable.

Art. 411. Cada Estado contratante se obliga a suministrar a los otros, en el más breve plazo
posible, la información a que el artículo anterior se refiere y que deberá proceder de su
Tribunal Supremo o de cualquiera de sus Salas o Secciones, o del Ministerio Fiscal, o de la
Secretaría o Ministerio de Justicia.

Título Octavo
DEL RECURSO DE CASACION

Art. 412. En todo Estado contratante donde exista el recurso de casación o la institución
correspondiente, podrá interponerse por infracción, interpretación errónea o aplicación
indebida de una ley de otro Estado contratante, en las mismas condiciones y casos que
respecto del derecho nacional.

Art. 413. Serán aplicables al recurso de casación las reglas establecidas en el capítulo segundo
del título anterior, aunque el juez o tribunal inferior haya hecho ya uso de ellas.

DE LA QUIEBRA O CONCURSO
Capítulo I

UNIDAD DE LA QUIEBRA O CONCURSO

Art. 414. Si el deudor concordatario concursado o quebrado no tiene más que un domicilio
civil o mercantil, no puede haber más que un juicio de procedimientos preventivos de
concurso o quiebra, o una suspensión de pagos o quita y espera, para todos sus bienes y todas
sus obligaciones en los Estados contratantes.

Capítulo II

UNIVERSALIDAD DE LA QUIEBRA O CONCURSO, Y SUS EFECTOS

Art. 416. La declaratoria de incapacidad del quebrado o concursado tiene en los Estados
contratantes efectos extraterritoriales mediante el cumplimiento previo de las formalidades de
registro o publicación que exija la legislación de cada uno de ellos.

Art. 417. El auto de declaratoria de quiebra o concurso dictado en uno de los Estados
contratantes, se ejecutará en los otros en los casos y forma establecidos en este Código para
las resoluciones judiciales; pero producirá, desde que quede firme y para las personas respecto
de las cuales lo estuviere, los efectos de cosa juzgada.

Art. 418. Las facultades y funciones de los síndicos nombrados en uno de los Estados
contratantes con arreglo a las disposiciones de este Código, tendrán efecto extraterritorial en
los demás, sin necesidad de trámite alguno local.

Art. 419. El efecto retroactivo de la declaración de quiebra o concurso y la anulación de
ciertos actos por consecuencia de esos juicios, se determinarán por la ley de los mismos y
serán aplicables en el territorio de los demás Estados contratantes.

Art. 420. Las acciones reales y los derechos de la misma índole continuarán sujetos no
obstante la declaración de quiebra o concurso, a la ley de la situación de las cosas a que
afecten y a la competencia de los jueces del lugar en que éstas se encuentren.

Capítulo III
DEL CONVENIO Y LA REHABILITACION

Art. 421. El convenio entre los acreedores y el quebrado o concursado, tendrá efectos
extraterritoriales en los demás Estados contratantes, salvo el derecho de los acreedores por
acción real que no lo hubiesen aceptado.

Art. 422. La rehabilitación del quebrado tiene también eficacia extraterritorial en los demás
Estados contratantes, desde que quede firme la resolución judicial en que se disponga, y
conforme a sus términos.

Título Décimo
EJECUCION DE SENTENCIAS DICTADAS POR TRIBUNALES EXTRANJEROS

Capítulo I
MATERIA CIVIL

Art. 423. Toda sentencia civil o contencioso-administrativa dictada en uno de los Estados
contratantes, tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si reúne las siguientes condiciones:


1. Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las reglas de
este Código, el juez o tribunal que la haya dictado;

2. Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal, para el juicio;

3. Que el fallo no contravenga el orden público o el derecho público del país en que quiere
ejecutarse;

4. Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte;

5. Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del Estado en que
ha de ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma empleado;

6. Que el documento en que conste reúna los requisitos necesarios para ser considerado como
auténtico en el Estado de que proceda, y los que requiera para que haga fe la legislación del
Estado en que se aspira a cumplir la sentencia.

Art. 424. La ejecución de la sentencia deberá solicitarse del juez o tribunal competente para
llevarla a efecto, previas las formalidades requeridas por la legislación interior.

Art. 425. Contra la resolución judicial, en el caso a que el artículo anterior se refiere se
otorgarán todos los recursos que las leyes de ese Estado concedan respecto de las sentencias
definitivas dictadas en juicio declarativo de mayor cuantía.

Art. 426. El juez o tribunal a quien se pida la ejecución oirá antes de decretarla o denegarla, y
por término de 20 días, a la parte contra quien se dirija y al Fiscal o Ministerio Público.

Art. 427. La citación de la parte a quien deba oírse, se practicará por medio de exhorto o
comisión rogatoria, según lo dispuesto en este Código, si tuviere su domicilio en el extranjero
y careciere en el país de representación bastante, o en la forma establecida por el derecho local
si tuviere el domicilio en el Estado requerido.

Art. 428. Pasado el término que el juez o tribunal señale para la comparecencia, continuará la marcha del asunto, haya o no comparecido el citado.

Art. 429. Si se deniega el cumplimiento se devolverá la ejecutoria al que la hubiese presentado.

Art. 430. Cuando se acceda a cumplir la sentencia, se ajustará su ejecución a los trámites determinados por la ley del juez o tribunal para sus propios fallos.

Art. 431. Las sentencias firmes dictadas por un Estado contratante que por sus pronunciamientos no sean ejecutables, producirán en los demás los efectos de cosa juzgada si reúnen las condiciones que a ese fin determina este Código, salvo las relativas a su ejecución.

Art. 432. El procedimiento y los efectos regulados en los artículos anteriores, se aplicarán en los Estados contratantes a las sentencias dictadas en cualquiera de ellos por árbitros o amigables componedores, siempre que el asunto que las motiva pueda ser objeto de compromiso conforme a la legislación del país en que la ejecución se solicite.

Art. 433. Se aplicará también ese mismo procedimiento a las sentencias civiles dictadas en cualquiera de los Estados contratantes por un tribunal internacional, que se refieran a personas e intereses privados.

Capítulo II
ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA

Art. 434. Las disposiciones dictadas en actos de jurisdicción voluntaria en materia de comercio, por jueces o tribunales de un Estado contratante o por sus agentes consulares se ejecutarán en los demás mediante los trámites y en la forma señalados en el capítulo anterior.

Art. 435. Las resoluciones en los actos de jurisdicción voluntaria en materia civil procedentes de un Estado contratante, se aceptarán por los demás si reúnen las condiciones exigidas por este código para la eficacia de los documentos otorgados en país extranjero y proceden de juez o tribunal competente, y tendrán en consecuencia eficacia extraterritorial.

Capítulo III
MATERIA PENAL

Art. 436. Ningún Estado contratante ejecutará las sentencias dictadas en uno de los otros en materia penal, en cuanto a las sanciones de ese orden que impongan.

Art. 437. Podrán sin embargo, ejecutarse dichas sentencias en lo que toca a la responsabilidad civil y a sus efectos sobre los bienes del condenado, si han sido dictadas por juez o tribunal competente según este Código, y con audiencia del interesado, y se cumplen las demás condiciones formales y de trámite que el Capítulo I de este Título establece.

Adriana Márquez Valdecantos
Compiladora

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